Hoy se adelanta un foro denominado “Paz Territorial” en Bogotá, D.C., auspiciado por la Oficina del Alto Consejero de la Paz Sergio Jaramillo, en el que se pretende definir un nuevo concepto de la paz en Colombia a partir del eventual cese del conflicto con las autodenominadas Farc; organización armada ilegal surgida de la decisión del Partido Comunista Colombiano PCC de “combinar las formas de lucha -política y armada-, para la toma del poder y la imposición del régimen socialista” en el país, atendiendo la orden de Moscú, cuando era la capital de la URSS, en desarrollo de la guerra fría por el dominio mundial.
A partir de un discurso convenientemente elaborado, tanto Sergio Jaramillo, como Rafael Pardo en su calidad de Ministro del Posconflicto y Humberto de la Calle, del equipo negociador gubernamental en La Habana, se presenta una tesis que no es novedosa, la negociación hace la paz pero corresponde a la sociedad el construirla, para señalar a continuación que esa paz debe comenzar a construirse desde los territorios históricamente abandonados por el Estado; no basta con “pacificar” esos territorios como se hizo gracias a la Política de Defensa y Seguridad Democrática PDSD, por referencia a la recuperación del control militar y policial de las zonas que secularmente estuvieron sometidas al terror de las organizaciones criminales por la ausencia de los poderes públicos del Estado, sino precisamente garantizado esa presencia estatal para resolver los problemas diarios de los habitantes. Generar confianza en las regiones y poner en práctica los mecanismos de participación ciudadana para alcanzar el éxito del cometido de construcción de la paz.
Inicialmente el planteamiento teórico es correcto, señala el camino de la construcción de la paz como valor supremo de la sociedad colombiana, algo que todos los ciudadanos quieren y pese a los señalamientos de “enemigos de la paz” a los críticos del proceso de La Habana, no se ha evidenciado en ningún momento que algún sector social o político no quiera la paz y quiera mantener el estado de guerra. Y es aquí donde a partir de la verdad se pretende elaborar como conclusión una mentira: La paz sólo es posible si existe unanimismo sumiso al programa particular, a la visión particular que de la paz tiene Juan Manuel Santos y su coalición política, cualquier disenso, crítica o propuesta de condicionamiento y garantías que se exija a la organización armada ilegal es una amenaza a la eventual paz, porque en este proceso todas las partes son iguales en su naturaleza y fines.
La definición más sencilla de paz señala que es la construcción de una sociedad (Nación-Estado), que vive en armonía y tranquilidad mediante la solución dialogada y consensual de los conflictos o diferencias -diálogo, comprensión y tolerancia-. Entre los derechos de tercera generación, reconocidos a partir del siglo XX, o derechos de los pueblos, se halla enumerado el derecho a la paz, como la facultad de los pueblos de vivir sin guerras ni hostilidades, desarrollando su vida en un ambiente tranquilo. La paz no significa eliminar el conflicto, que siempre existe y es normal en las relaciones humanas, sino encauzarlo sin violencia, hablando, discutiendo, exponiendo argumentos y escuchando posiciones diferentes. (DECONCEPTOS.COM, 2015)
De tal manera que los cuestionamientos al actual proceso de negociaciones con las Farc, conocido como de La Habana, no es puramente formal, ni la crítica es puramente semántica; son sustanciales en la concepción, desarrollo y conclusiones a las que se están llegando y que en muchos aspectos constituyen incluso un cambio del contrato social de espaldas a la ciudadanía; si se analizan a fondo los acuerdos parciales que oficialmente se han dado a conocer, se encuentra que a las Farc se le han hecho numerosas concesiones, mientras la organización armada ilegal mantiene su estrategia para la toma del poder indemne; la negociación no es más que otro peldaño en su desarrollo y ello obedece a su visión política de la misma, que atiende los más ortodoxos cánones del marxismo-leninismo.
Como explicar, por ejemplo, la profunda contradicción que existe entre lo reiteradamente manifestado por los negociadores gubernamentales y el alto comisionado, reiterado hoy en el citado foro, del compromiso de las Farc de romper todo vínculo con el narcotráfico, vínculos que de manera sistemática niegan públicamente las Farc e incluso por el mismo presidente de la república para justificar la inclusión de esa conducta criminal como un delito conexo a la rebelión. No se puede hacer un compromiso sobre una materia inexistente, sería lo primero que debe señalarse; pero la realidad fáctica muestra que lo que se está ocultando es un hecho notorio para la comunidad nacional e internacional: las Farc son un cártel narcotraficante más que una fuerza insurgente, no en vano los frentes 6, 8, 29, 30, 57 y 60 están dedicados en un 100% a esa actividad, son dueños y amos de cultivos, laboratorios y rutas de comercialización, siendo responsables directos de las relaciones “comerciales” con las mafias mexicanas, hondureñas, guatemaltecas y nicaragüenses, así como de suministrar la droga para el intercambio con organizaciones terroristas africanas, del medio oriente y las mafias europeas y rusa.
No se puede decir sencillamente que es “políticamente correcto” ignorar o minimizar esa conducta criminal para construir confianza y paz mediante la llamada justicia transicional y que ahora basta con una etérea promesa de romper todo vínculo con el narcotráfico para considerar a los cabecillas de las Farc exentos de responsabilidades penales y de penas de prisión por esos delitos, sino apenas transgresores que ameritan laxas restricciones a la movilidad dentro de un determinado territorio, mucho menos cuando ese territorio es aquel donde han desarrollado esas conductas como se aprecia en la proyección de las llamadas zonas de concentración.
Tampoco puede argumentarse que es “políticamente correcto” exonerar a los cabecillas de las Farc por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, como el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, como lo hizo el Tribunal Superior de Medellín, argumentando que no habían suficientes pruebas para vincularlos a esas conductas; como si no fueran suficientes los cientos de testimonios directos de autoridades colombianas e incluso de ex miembros de esa organización armada ilegal, que dan cuenta no sólo de la materialidad del delito, sino del abuso sexual a los menores, especialmente niñas y adolescentes, violadas en múltiples ocasiones por los responsables criminales de las distintas estructuras de las Farc y luego sometidas a inhumanos procedimientos para obligarlas a abortar cuando resultaban embarazadas; son más de un millar de casos debidamente probados de niñas que perdieron la vida en esas circunstancias y que fueron sepultadas en tumbas anónimas en las selvas y montañas colombianas.
La Fiscalía a cargo de Eduardo Montealegre, dentro del “nuevo contexto” creado por él y la periodista Natalia Springer, decidió suspender todas las investigaciones por crímenes atroces que comprometan a cabecillas y mandos de las Farc, dizque como contribución al proceso de paz, medida abiertamente inconstitucional que hasta ahora no ha recibido el rechazo, por lo menos formal, de los poderes públicos y la sociedad. La justicia transicional no contará entonces con las herramientas jurídico-probatorias para imputar esos delitos y por ende quedarán en la impunidad.
Las pruebas existentes que vinculan a los cabecillas de las Farc con delitos atroces serán desechadas con el mismo facilismo oportunista con el que la Corte Suprema de Justicia desechó las pruebas del aparato político y financiero de la narcoguerrilla en la legalidad (farcpolítica), recurriendo a tecnicismos leguleyos para sentenciar que como en la Operación Fénix, que permitió abatir al criminal Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, no participó el CTI sino las Fuerzas Militares y de Policía la recolección de la prueba era ilegal, pese a que organismos internacionales certificaron su autenticidad.
No hay que olvidar que el gobierno ahora justifica que el modelo de justicia no contemple penas privativas de libertad para los miembros de las Farc, diciendo que fue el Fiscal Montealegre el que dejó “sin piso” a los negociadores del gobierno por su campaña de “ni un día de cárcel para las Farc”, que sin rubor adelantó desde el órgano investigativo desde su posesión, porque ha actuado como rueda suelta (ELTIEMPO, 2015); justificando además la ausencia de penas privativas de libertad con el falaz argumento de que este proceso no es para castigar a las Farc, sino para terminar una guerra que ha causado tanto dolor y destrucción.
Durante mucho tiempo, Juan Manuel Santos calificó como “una mentira de los enemigos de la paz”, que se cuestionara que en el proceso se eliminaría la posibilidad de castigo real para los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad; una vez que se verifica la realidad de esa denuncia, se limitan a culpar al fiscal por actuar como rueda suelta, como si no fuera ese mismo funcionario el que ha puesto la institución al servicio del proceso en beneficio de los intereses de la narcoguerrilla con plena aceptación del Ejecutivo y los demás poderes públicos, así como de la clase política que hace parte de la coalición santista. Hoy no hay procesos en curso contra los miembros de las Farc y las condenas ya proferidas serán revisadas dentro de los parámetros del “nuevo contexto”, para declararlas ilegales o suprimirlas.
La cuestión de las armas quiere ser reducida a una discusión semántica, afirmar que entrega de armas o dejación de armas son sinónimos que conducen al mismo fin es un absurdo engañoso y sus diferencias están claramente señaladas en el derecho internacional y en la doctrina jurídica y militar. Las Farc si han hecho de este tema una verdadera “línea roja” y han señalado que las “conservarán” como garantía de cumplimiento de los acuerdos, algo que tácitamente viene siendo aceptado por el gobierno Santos; no se conocen los reparos que han hecho los militares activos que fungen como asesores de la mesa en La Habana, más allá de posibles renuncias por desacuerdos con los negociadores oficiales.
Por eso no despierta confianza, mucho menos optimismo, que se hable de unas zonas de concentración para las Farc que incluyen municipios de donde habían sido expulsadas desde los años 80 por los pobladores; unos territorios donde la narcoguerrilla cumplirá las sanciones restrictivas de libertad pero donde podrán ejercer la plenitud de sus derechos políticos teniendo las armas como mecanismo coercitivo, aunque no las usen abiertamente, simplemente será una réplica a gran escala de lo sucedido en El Conejo, corregimiento de Fonseca en La Guajira.
A propósito de ese incidente de proselitismo armado autorizado por Santos, ahora sólo van a resultar culpables el Comandante del Batallón y otros Oficiales y Suboficiales a cargo de la seguridad de esa región; así lo acaba de señalar el Ministro de Defensa al anunciar que no hay evidencia documental que pruebe que se les dio orden de retirarse del territorio, comenzando la perversa tarea de señalar ahora colaboración de los militares con la narcoguerrilla, como en su momento lo hicieron desde ese mismo Ministerio cuando acuñaron la innoble teoría de los “falsos positivos” para deslegitimar las operaciones militares contra los criminales y que hoy tiene privados de la libertad a más de 5.000 soldados y policías sin que se les defina su situación jurídica, sólo hay menos de 800 condenados por supuestos delitos no relacionados con el servicio.
Y ahí es donde está el engaño más perverso, a los militares a quienes sólo se les ofrece como alternativa acogerse a la justicia transicional y aceptar responsabilidades penales, aunque no hayan cometido los delitos, para purgar, ellos sí, penas privativas de la libertad en establecimiento carcelario inferiores a las que hoy contempla la justicia ordinaria, penas y prisión que no están contempladas para las Farc. Es el perfeccionamiento de la pérfida tesis de la nefasta Corte Constitucional que presidió Carlos Gaviria Díaz, que contempla a las Fuerzas Militares y de Policía como de organizaciones criminales mientras las narcoguerrillas fueron elevadas al altar de luchadores altruistas que matan para que otros vivan mejor; seguramente, frente a la posibilidad de penas de 30 o 40 años por haber combatido a los terroristas, muchos militares están pensando seriamente en aceptar culpas a cambio de 5 u 8 años de prisión.
Mientras tanto, como descaradamente lo afirmó el abogado español Enrique Santiago Romero, los acuerdos contemplan que los miembros de las Farc “sólo confiesen delitos obvios y aburridos” para ser beneficiarios de todas las concesiones judiciales y políticas, y no lo dice un opositor al proceso o un propagandista de la narcoguerrilla, este señor, militante del Partido Comunista español, es uno de los coautores del inefable acuerdo sobre Justicia Transicional de La Habana y por ende conoce bien la naturaleza y alcance de esos acuerdos.
Mientras más del 50% de los colombianos tiene que sobrevivir con un pírrico salario mínimo legal ($689.455), o con menos, el gobierno piensa en subvencionar a cada terrorista armado en los territorios de concentración con $1.800.000 más gastos de vivienda, salud, educación, recreación y otros; y no es una mentira de los enemigos de la paz, como dijo Santos, es la cifra base con la que el Departamento Nacional de Planeación y organismos financieros internacionales están calculando el costo del posconflicto, así lo señalaban documentos en la red que fueron retirados por el gobierno para “no crear ruidos en torno al proceso”. ¿Podrán entonces Santos y su coalición política garantizar la “paz” en los 7 o 10 territorios de concentración de las Farc donde la mayoría de los habitantes con campesinos y jornaleros que no se ganan el mínimo, que no tienen seguridad social, mucho menos escuelas o centros hospitalarios acordes a sus necesidades?
Juan Manuel Santos juró que en La Habana no se iban a negociar las estructuras o la doctrina de las Fuerzas Militares y de Policía; pero hoy con asombro se escucha a los mismos Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército hablando de cambios en la doctrina militar, disminución del pie de fuerza y eliminación de algunas Unidades Tácticas, como parte del posconflicto. Seguramente será una coincidencia, pero es una sospechosa coincidencia que el tema se aborde cuando aún no se han dado a conocer la totalidad de los acuerdos con la organización narcoterrorista que ha puesto como condición la “dejación de armas” si las FF.MM hacen lo mismo. Eso genera desconfianza con razón y no por el discurso político de quienes cuestionan el proceso.
Precisamente por eso el gobierno y la coalición “de la paz” impulsan un engañoso plebiscito en el que sólo se preguntará si se está o no de acuerdo con la paz, con la esperanza de que una minoría de votantes (para eso rebajó el umbral), apruebe el proceso que catapultaría a Santos a un premio nobel, pero sin dar a conocer los acuerdos que se alcancen con las Farc; porque saben que el pueblo colombiano, aún los más rabiosos santistas, no van a aprobar fácilmente la claudicación ante un enemigo criminal que por más de 60 años ha agredido a la sociedad sólo para tomarse el poder político.
En esas condiciones, los ciudadanos honestos que en realidad amen la paz y a Colombia saldrán a marchar este 2 de abril para rechazar la claudicación y se comprometen consigo mismos y las futuras generaciones a VOTAR NO el engañoso plebiscito; no es cuestión de polarizaciones entre uribistas y santistas, como afirman algunos ingenuos o perversamente los enmermelados. Es cuestión de HONOR, DIGNIDAD y RESPONSABILIDAD con Colombia.