REDUCIR LA AMENAZA NARCOTERRORISTA A UNA GUERRA SEMÁNTICA

Los “pacifistas” han puesto de modo la semiología, como estudio de los signos de la vida social, para explicar el origen y fin del “conflicto” en Colombia; todo lo reducen a explicaciones facilistas sobre el lenguaje de la guerra y el lenguaje de la paz. El primero lo hablan los críticos del pro

ceso de La Habana y el segundo los seguidores sumisos del proyecto político de Juan Manuel Santos, los marxistas-leninistas, los socialistas de todos los pelambres y por supuesto las organizaciones narcoterroristas que ven expedito el camino para mostrarse como víctimas eternas del Estado, no sólo por su fracaso como proyecto militar, sino por la exclusión y discriminación que se hace al llamarlos terroristas.

Recurriendo a sofismas elaborados a partir de las propuestas de Thomas Hobbes, estos “pacifistas” han logrado vender la idea de que al fin y al cabo somos iguales y buscamos los mismos fines, el bien común y la paz como ideal supremo social; es hora de cambiar el lenguaje, dicen, para unificarlo en procura de esos fines comunes; al fin y al cabo, se han atrevido a asentar incluso como premisa jurídica, los narcoterroristas son en realidad luchadores altruistas que recurren al crimen para que otros vivan mejor, de la misma manera que el Estado recurre a la fuerza judicial o militar para defender sus principios; incluso aquí perversamente crean el imaginario de que en el caso del Estado sólo se sirven a los intereses de unas minorías económicamente pudientes que imponen los modelos políticos, sociales y culturales, mientras los narcoterroristas luchan por un Estado sin clases.

Una de las trampas más perversa en ese cambio del lenguaje es el cambio de los verbos rectores de las conductas que tipifica el código penal; así, si se crea como signo de aceptación social, que los narcoterroristas no secuestraron sino que retuvieron personas sencillamente no podrá atribuírseles la comisión de ese delito de lesa humanidad; lo mismo ocurre con el execrable crimen del reclutamiento forzado de niños y adolescentes, pues el cambio del lenguaje lleva a la convicción de que los delincuentes en realidad acogieron en sus filas a menores cuyos padres fueron asesinados por los paramilitares y agentes del Estado; de la misma manera, se hace aparecer a los miembros de las Farc como cobradores ilegales de un impuesto a los narcotraficantes para obtener recursos económicos para el “conflicto” y no en lo que realmente son, propietarios de cultivos ilícitos y de laboratorios de procesamiento de alcaloides, socios del crimen transnacional para el comercio de narcóticos.

Un ejemplo de ese perverso cambio del lenguaje lo introdujo el mismo gobierno cuando sin razones o argumentos sólidos, decidió que desde el 7 de agosto de 2010 los integrantes de las Farc y Eln no eran narcoterroristas, bandidos, delincuentes o criminales sino “insurgentes que se alzaron en armas contra un Estado injusto” o en el peor de los casos simplemente guerrilleros; de un tajo se negó la realidad histórica de un puñado de bandoleros que alentados por el comunismo internacional que decidió introducir la combinación de las formas de lucha, política y armada, para tomarse el poder e instaurar un régimen socialista al estilo de los soviets, prolongando la violencia cuando Colombia anhelaba la paz a fin de profundizar la crisis de los sistemas democráticos liberales y crear las condiciones subjetivas de la insurrección popular de los ciudadanos que perderían la confianza en el sistema.

En desarrollo de esa teoría las Farc, por ejemplo, creyeron que en 2002 se habían dado las condiciones objetivas para avanzar a la guerra de posiciones, tercera fase de la guerra popular, pues por la debilidad institucional agravada por el narcogobierno de Samper Pizano (1994-1998) y el fortalecimiento alcanzado durante el nefasto despeje del Caguán (1998-2002), los desmoralizadores golpes de mano dados a unidades aisladas del Ejército y el avance de sus estructuras criminales hasta prácticamente cercar a Bogotá, había llevado a los analistas internacionales a calificar a Colombia de “estado fallido”.

Por la vía del negacionismo implícito en ese cambio del lenguaje, se echaron en el olvido los 5 procesos de negociación que desde épocas del gobierno de Rojas Pinilla se intentaron especialmente con las Farc y que fracasaron por la ceguera política de esa narcoguerrilla y la izquierda ortodoxa, para quienes lo expresado por el abatido Víctor Julio Suárez Rojas, alias el Mono Jojoy, “en Colombia sólo el fusil garantiza el respeto” es un dogma pétreo; dogma que explica la actitud que aún mantienen en esos procesos y que al decir del también abatido Luis Edgar Devia Silva, representa la única alternativa de solución política aceptable: “No queremos ser parte del Estado, somos el Estado”; para las Farc ayer, hoy y siempre la negociación no es más que un instrumento para acercarse a la toma del poder, pero no para reincorporarse al Estado que consideran enemigo natural porque ello equivaldría a una derrota, una humillación, porque ellos nunca serán siervos del poder sino portadores del mismo.

Ese negacionismo en el cambio del lenguaje tiene aspectos tan grotescos como poner a los organismos de inteligencia militar y policial no ha averiguar por las andanzas de los criminales (porque eso es espiar a los negociadores de la paz), sino a esculcar celulares y correos de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para ver quien expresa inquietudes, dudas o críticas del Proceso de La Habana para expulsarlo de las filas como enemigo de la paz e informante del uribismo. La Fuerza Pública ha sido ilegalmente instrumentalizada para servir a los intereses particulares del santismo y sus aliados de la izquierda, incluidas las narcoguerrillas, como lo demuestra la designación de un tendero sumiso a Santos en el Ministerio de Defensa para vender la idea de la paz, no alguien que conozca de defensa y seguridad nacional para cumplir el deber de restaurar el orden público donde quiera que existan riesgos o amenazas de las organizaciones armadas ilegales.

La cereza del pastel es la perversa rebaja del umbral electoral para lograr la aprobación del plebiscito que terminaría legitimando a las Farc, y eventualmente al Eln, borrando todos sus crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que se convertirían en simples contravenciones, que se explica en el afán del gobierno de aprovecharse especialmente de los colombianos menores de 30 años que no conocen toda la historia delincuencial de esas narcoguerrillas y que son los más propicios a creerse el cuento de que los victimarios fueron realmente unas víctimas de un Estado gobernado por derechas guerreristas que quieren mantener el conflicto. Lo que está en juego es algo más trágico que una simple discrepancia en el uso de las palabras, que es a lo que quieren conducir al país estos perversos “pacifistas”.

LA JUSTICIA MEDIÁTICA EN EL CASO SANTIAGO URIBE VÉLEZ

Nuevamente la Fiscalía General de la Nación sienta un peligroso antecedente de la utilización de la justicia mediática como herramienta al servicio de intereses políticos particulares y no del bien común. La orden de captura en cumplimiento de una medida de aseguramiento preventiva proferida por la Fiscalía contra Santiago Uribe Vélez, a 22 años después de iniciado el proceso investigativo y 2,6 años de haberse causado la preclusión del mismo por vencimiento de términos y sin que se hubiere resuelto la situación jurídica del indiciado, no sólo desconoce claros mandamientos constitucionales sobre la libertad de las personas (arts. 1, 2, 13, 28 CN), sino las normas procesales penales para la aplicación de este tipo de medidas.

Debe señalarse, como contribución al debate, que la detención preventiva no constituye una pena y no hace nugatorio el principio de la presunción de inocencia, pero tal y como es presentado en este caso la decisión del ente investigador, crea en el imaginario público la sensación de culpabilidad del indiciado y a ello contribuyen además las especulaciones no solo de los medios de comunicación alimentadas por los intereses de los sectores radicalmente antiuribistas que no han parado en mientes para tratar de crear un vínculo imaginario entre el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y el fenómeno paramilitar como una supuesta conducta de venganza por la muerte de su padre a manos de las Farc. Tan perversa es la campaña contra el ex presidente y hoy Senador de la república, que las mismas Farc y reconocidos voceros de la izquierda, ponen en duda ese execrable crimen y tratan de conducir a una creencia absurda de una vendetta entre narcotraficantes, deshonrando cínicamente la memoria del patricio antioqueño.

Es un hecho notorio la rabia patológica que el Fiscal Montealegre siente por Uribe y su partido político, al punto que no le ha importado paralizar el ente investigador –hay más de 1.500.000 procesos represados-, para dedicar todo el esfuerzo institucional en perseguir al Centro Democrático; fueron acciones de la Fiscalía las que mandaron a la cárcel a Luis A. Ramos, eventual candidato del CD en 2014, fueron sus manipuladas investigaciones las que pusieron tras la rejas a reconocidos miembros de ese partido y obligaron al exilio de otros; no son ajenas las oprobiosas decisiones contra el Coronel (r) Plazas Vega, el Almirante (r) Bacci, contra el mismo Ramos, contra Oscar Iván Zuluaga y otros, sustentadas en el cartel de los falsos testigos del que hacen parte el mítico hacker, presentado como un cerebro en informática aunque desconocido por ese gremio a nivel nacional o mundial.

Precisamente uno de los testigos “estrella” de la Fiscalía contra Santiago Uribe Vélez, proviene de ese cartel de falsos testigos y es el Mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses, quien huyó de la justicia colombiana protegido por la ONG del cura marxista Javier Giraldo, el Movice y el Colectivo Alvear, primero a la Argentina, donde fue protegido por el también marxista Adolfo Pérez Esquivel, y ahora a Canadá. Fue precisamente en la Argentina donde Meneses fue convencido de declarar contra Santiago Uribe, como lo demuestra una carta dirigida por él en 2006, en la que se reconocía como colaborador del grupo “Los Doce Apóstoles” desde 1994, señalando que Santiago Uribe lideró y organizó para armar un grupo para protegerse de las acciones de la guerrilla. Entonces su papel era llamarlos y decirles “Vamos a armar un grupo de autodefensa”; que era quien le pagaba por colaborar con ese grupo; pero en ninguna de sus declaraciones el Mayor (r) Meneses ha indicado que Santiago Uribe participara directa o indirectamente en los homicidios o desapariciones que se le atribuyen al grupo ilegal, señalando que tales hechos eran atribuibles a otro policial de nombre Alexander de Jesús Amaya (descalificado por la misma Fiscalía hace 16 años), y a un “Capitán Dique” (Coronel (r) de la Policía Pedro Manuel Benavides), quienes “habían sido entrenados por la Policía para matar guerrilleros”. Sus declaraciones fueron recogidas por el diario estadounidense “The Washington Post”, pero no han sido corroboradas probatoriamente en 22 años por la Fiscalía.

Lo curioso es que el Mayor (r) Meneses también fue utilizado en otros procesos relacionados con la llamada “parapolítica” y sus testimonios han sido desechados por la justicia por contradictorios y falsos, así sucedió en el montaje que la Fiscalía realizó en contra de la política Dilian Francisca Toro, en el que señaló que conoció que en 2002 esta señora se había reunido con Víctor Patiño Fómeque. Finalmente la política vallecaucana fue absuelta y Meneses calificado como testigo falso y mentiroso; sin embargo la Fiscalía lo sigue manteniendo como persona honesta y de alta credibilidad, pese a ser un prófugo de la justicia.

Los otros dos testigos contra Santiago Uribe son Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, narcotraficante extraditado por el ex presidente Álvaro Uribe Herrera, quien según los principios del derecho procesal debería ser calificado como testigo sospechoso y más cuando los testimonios que ha rendido ante la Fiscalía son de oídas, no por conocimiento directo de los hechos que se imputan. Otro testigo era Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, quien pese a las presiones indebidas de los fiscales declaró que no le constaba nada de responsabilidades de Santiago Uribe en los delitos cometidos por el grupo ilegal cuya creación se le atribuye.

Finalmente, el tercer y último testigo es un señor Eunisio Pineda y quien presuntamente trabajaba como ordeñador de vacas en la Hacienda La Carolina, de propiedad de la familia Uribe, en el proceso se ha demostrado que “no es tan cierto que laboraba en la finca propiamente sino en cercanías a ella“, lo que descalificó sus afirmaciones.

La precariedad de los testimonios, únicas pruebas con que cuenta la Fiscalía en contra de Santiago Uribe, llevó precisamente a que el ente investigador precluyera y archivara la investigación en su contra cuando el Fiscal era Alfonso Gómez Méndez, a quien no se podría ni en chiste señalar de uribista. Hoy en el proceso están las mismas 277 páginas y ninguna nueva prueba nueva ha surgido que respalde la decisión de Eduardo Montealegre de privar de la libertad a Santiago Uribe; él y los voceros de la izquierda agitan nuevamente las mismas mentiras y verdades a medias que desde 1994 sostienen para tratar de vincular de alguna manera al ex presidente Uribe con el paramilitarismo; son las mismas y sin ninguna variación que Iván Cepeda Castro utilizó en la encerrona parlamentaria que quiso hacerle a Álvaro Uribe y que la periodista Olga Behar utilizó en su libro sobre los Doce Apóstoles.

Al no surgir ninguna prueba nueva que determinara con algún grado de certeza una presunta responsabilidad penal de Santiago Uribe, en derecho no hay razón para reabrir el proceso en su contra y mucho menos para dictar medida de aseguramiento, mucho menos cuando con ella se violan otros derechos fundamentales del ciudadano, así lo ha dicho y reiterado la H. Corte Constitucional en diversidad de sentencias. (Sentencias C-177 de 2001, C-173 de 2001, entre otras).

Con la decisión de Eduardo Montealegre se hacen nugatorios principios fundamentales que acompañan a imposición de esta medida, a saber: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima; 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Ninguna de ellos concurre en el caso en comento, pues Santiago Uribe Vélez no sólo ha comparecido todas las veces que ha sido requerido, sino que ha prestado toda su colaboración efectiva en aras de demostrar su inocencia; que no existe posibilidad de obstrucción a la justicia o de peligrosidad, lo demuestra el hecho cierto que este caso lleva 22 años abierto y no por conductas del indiciado, sino por ineficiencia e ineficacia de un ente investigador que requiere un reingeniería completa para que cumpla la función constitucional para la que fue creado.

Ahora la Fiscalía pretende sustentar precisamente una presunta obstrucción a la justicia basándose en el hecho que los deponentes Coronel (r) de la Policía Pedro Manuel Benavides y el también policial (r) Alexander de Jesús Amaya, no siguieron el libreto que les entregaron y no ratificaron las afirmaciones del Mayor (r) Meneses, presumiendo que Santiago Uribe los presionó para que no declararan en su contra. Ya es usual que la Fiscalía haga estas sindicaciones ante los medios, no en los estrados judiciales, para crear el linchamiento mediático de sus víctimas; baste con recordar las amenazas de los fiscales contra los jueces que no acepten sus alegatos sin reparos o señalen errores de derecho en las acusaciones, para entender la envergadura del monstruo desatado que ahora se ampara en el “nuevo contexto jurídico” con base en algoritmos y visiones fantásticas creado por Natalia Springer, a fin de justificar los contratos que por más de 4 mil millones de pesos le otorgaron para ese objetivo.

Ese perverso método se suma a las graves deficiencias que el híbrido llamado Sistema Penal Acusatorio carga desde su creación; la detención preventiva como norma y no como excepción para ser utilizada como elemento de chantaje al indiciado, o acepta los cargos (principio de oportunidad), para que la condena sea menor o sostiene su inocencia y es mantenido privado de la libertad por años sin que se defina su situación jurídica.

Así se encuentran más de 5.000 militares acusados de manera mendaz de falsos positivos con el concurso de los mismos testigos fabricados en el caso de Santiago Uribe y que ahora son el insumo de mostrar por el gobierno Santos de las bondades de la justicia transicional creada para beneficio de las Farc; es evidente que a Santiago Uribe Vélez lo quieren poner en el mismo predicamento, o acepta responsabilidades penales por delitos que no ha cometido o se expone a largos años de privación de libertad como ocurrió con el Coronel (r) Plazas Vega y ocurre con miles de colombianos que están en las cárceles esperando que los acusen de algún delito para poder ejercer su derecho a la defensa.

Esta es precisamente la falta de garantías que ahora se denuncia ante el CIDH y otros organismos internacionales; no por afán de demeritar el sistema judicial colombiano sino por razón de sus fallas y proclividad a actuar de manera “políticamente correcta” para convertirse en instrumento de presión del régimen. No es solamente el Centro Democrático el que no cree en este sistema, el mismo Minjusticia señalaba recientemente que 8 de cada 10 colombianos no cree en fiscales y jueces precisamente por todas las falencias que lo conducen a ser un sistema de injusticia inaceptable.

LOS SOFISMAS DE LA HABANA

Hoy se adelanta un foro denominado “Paz Territorial” en Bogotá, D.C., auspiciado por la Oficina del Alto Consejero de la Paz Sergio Jaramillo, en el que se pretende definir un nuevo concepto de la paz en Colombia a partir del eventual cese del conflicto con las autodenominadas Farc; organización armada ilegal surgida de la decisión del Partido Comunista Colombiano PCC de “combinar las formas de lucha -política y armada-, para la toma del poder y la imposición del régimen socialista” en el país, atendiendo la orden de Moscú, cuando era la capital de la URSS, en desarrollo de la guerra fría por el dominio mundial.

A partir de un discurso convenientemente elaborado, tanto Sergio Jaramillo, como Rafael Pardo en su calidad de Ministro del Posconflicto y Humberto de la Calle, del equipo negociador gubernamental en La Habana, se presenta una tesis que no es novedosa, la negociación hace la paz pero corresponde a la sociedad el construirla, para señalar a continuación que esa paz debe comenzar a construirse desde los territorios históricamente abandonados por el Estado; no basta con “pacificar” esos territorios como se hizo gracias a la Política de Defensa y Seguridad Democrática PDSD, por referencia a la recuperación del control militar y policial de las zonas que secularmente estuvieron sometidas al terror de las organizaciones criminales por la ausencia de los poderes públicos del Estado, sino precisamente garantizado esa presencia estatal para resolver los problemas diarios de los habitantes. Generar confianza en las regiones y poner en práctica los mecanismos de participación ciudadana para alcanzar el éxito del cometido de construcción de la paz.

Inicialmente el planteamiento teórico es correcto, señala el camino de la construcción de la paz como valor supremo de la sociedad colombiana, algo que todos los ciudadanos quieren y pese a los señalamientos de “enemigos de la paz” a los críticos del proceso de La Habana, no se ha evidenciado en ningún momento que algún sector social o político no quiera la paz y quiera mantener el estado de guerra. Y es aquí donde a partir de la verdad se pretende elaborar como conclusión una mentira: La paz sólo es posible si existe unanimismo sumiso al programa particular, a la visión particular que de la paz tiene Juan Manuel Santos y su coalición política, cualquier disenso, crítica o propuesta de condicionamiento y garantías que se exija a la organización armada ilegal es una amenaza a la eventual paz, porque en este proceso todas las partes son iguales en su naturaleza y fines.

La definición más sencilla de paz señala que es la construcción de una sociedad (Nación-Estado), que vive en armonía y tranquilidad mediante la solución dialogada y consensual de los conflictos o diferencias -diálogo, comprensión y tolerancia-. Entre los derechos de tercera generación, reconocidos a partir del siglo XX, o derechos de los pueblos, se halla enumerado el derecho a la paz, como la facultad de los pueblos de vivir sin guerras ni hostilidades, desarrollando su vida en un ambiente tranquilo. La paz no significa eliminar el conflicto, que siempre existe y es normal en las relaciones humanas, sino encauzarlo sin violencia, hablando, discutiendo, exponiendo argumentos y escuchando posiciones diferentes. (DECONCEPTOS.COM, 2015)

De tal manera que los cuestionamientos al actual proceso de negociaciones con las Farc, conocido como de La Habana, no es puramente formal, ni la crítica es puramente semántica; son sustanciales en la concepción, desarrollo y conclusiones a las que se están llegando y que en muchos aspectos constituyen incluso un cambio del contrato social de espaldas a la ciudadanía; si se analizan a fondo los acuerdos parciales que oficialmente se han dado a conocer, se encuentra que a las Farc se le han hecho numerosas concesiones, mientras la organización armada ilegal mantiene su estrategia para la toma del poder indemne; la negociación no es más que otro peldaño en su desarrollo y ello obedece a su visión política de la misma, que atiende los más ortodoxos cánones del marxismo-leninismo.

 

Como explicar, por ejemplo, la profunda contradicción que existe entre lo reiteradamente manifestado por los negociadores gubernamentales y el alto comisionado, reiterado hoy en el citado foro, del compromiso de las Farc de romper todo vínculo con el narcotráfico, vínculos que de manera sistemática niegan públicamente las Farc e incluso por el mismo presidente de la república para justificar la inclusión de esa conducta criminal como un delito conexo a la rebelión. No se puede hacer un compromiso sobre una materia inexistente, sería lo primero que debe señalarse; pero la realidad fáctica muestra que lo que se está ocultando es un hecho notorio para la comunidad nacional e internacional: las Farc son un cártel narcotraficante más que una fuerza insurgente, no en vano los frentes 6, 8, 29, 30, 57 y 60 están dedicados en un 100% a esa actividad, son dueños y amos de cultivos, laboratorios y rutas de comercialización, siendo responsables directos de las relaciones “comerciales” con las mafias mexicanas, hondureñas, guatemaltecas y nicaragüenses, así como de suministrar la droga para el intercambio con organizaciones terroristas africanas, del medio oriente y las mafias europeas y rusa.

 

No se puede decir sencillamente que es “políticamente correcto” ignorar o minimizar esa conducta criminal para construir confianza y paz mediante la llamada justicia transicional y que ahora basta con una etérea promesa de romper todo vínculo con el narcotráfico para considerar a los cabecillas de las Farc exentos de responsabilidades penales y de penas de prisión por esos delitos, sino apenas transgresores que ameritan laxas restricciones a la movilidad dentro de un determinado territorio, mucho menos cuando ese territorio es aquel donde han desarrollado esas conductas como se aprecia en la proyección de las llamadas zonas de concentración.

 

Tampoco puede argumentarse que es “políticamente correcto” exonerar a los cabecillas de las Farc por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, como el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, como lo hizo el Tribunal Superior de Medellín, argumentando que no habían suficientes pruebas para vincularlos a esas conductas; como si no fueran suficientes los cientos de testimonios directos de autoridades colombianas e incluso de ex miembros de esa organización armada ilegal, que dan cuenta no sólo de la materialidad del delito, sino del abuso sexual a los menores, especialmente niñas y adolescentes, violadas en múltiples ocasiones por los responsables criminales de las distintas estructuras de las Farc y luego sometidas a inhumanos procedimientos para obligarlas a abortar cuando resultaban embarazadas; son más de un millar de casos debidamente probados de niñas que perdieron la vida en esas circunstancias y que fueron sepultadas en tumbas anónimas en las selvas y montañas colombianas.

 

La Fiscalía a cargo de Eduardo Montealegre, dentro del “nuevo contexto” creado por él y la periodista Natalia Springer, decidió suspender todas las investigaciones por crímenes atroces que comprometan a cabecillas y mandos de las Farc, dizque como contribución al proceso de paz, medida abiertamente inconstitucional que hasta ahora no ha recibido el rechazo, por lo menos formal, de los poderes públicos y la sociedad. La justicia transicional no contará entonces con las herramientas jurídico-probatorias para imputar esos delitos y por ende quedarán en la impunidad.

 

Las pruebas existentes que vinculan a los cabecillas de las Farc con delitos atroces serán desechadas con el mismo facilismo oportunista con el que la Corte Suprema de Justicia desechó las pruebas del aparato político y financiero de la narcoguerrilla en la legalidad (farcpolítica), recurriendo a tecnicismos leguleyos para sentenciar que como en la Operación Fénix, que permitió abatir al criminal Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, no participó el CTI sino las Fuerzas Militares y de Policía la recolección de la prueba era ilegal, pese a que organismos internacionales certificaron su autenticidad.

 

No hay que olvidar que el gobierno ahora justifica que el modelo de justicia no contemple penas privativas de libertad para los miembros de las Farc, diciendo que fue el Fiscal Montealegre el que dejó “sin piso” a los negociadores del gobierno por su campaña de “ni un día de cárcel para las Farc”, que sin rubor adelantó desde el órgano investigativo desde su posesión, porque ha actuado como rueda suelta (ELTIEMPO, 2015); justificando además la ausencia de penas privativas de libertad con el falaz argumento de que  este proceso no es para castigar a las Farc, sino para terminar una guerra que ha causado tanto dolor y destrucción.

 

Durante mucho tiempo, Juan Manuel Santos calificó como “una mentira de los enemigos de la paz”, que se cuestionara que en el proceso se eliminaría la posibilidad de castigo real para los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad; una vez que se verifica la realidad de esa denuncia, se limitan a culpar al fiscal por actuar como rueda suelta, como si no fuera ese mismo funcionario el que ha puesto la institución al servicio del proceso en beneficio de los intereses de la narcoguerrilla con plena aceptación del Ejecutivo y los demás poderes públicos, así como de la clase política que hace parte de la coalición santista. Hoy no hay procesos en curso contra los miembros de las Farc y las condenas ya proferidas serán revisadas dentro de los parámetros del “nuevo contexto”, para declararlas ilegales o suprimirlas.

La cuestión de las armas quiere ser reducida a una discusión semántica, afirmar que entrega de armas o dejación de armas son sinónimos que conducen al mismo fin es un absurdo engañoso y sus diferencias están claramente señaladas en el derecho internacional y en la doctrina jurídica y militar. Las Farc si han hecho de este tema una verdadera “línea roja” y han señalado que las “conservarán” como garantía de cumplimiento de los acuerdos, algo que tácitamente viene siendo aceptado por el gobierno Santos; no se conocen los reparos que han hecho los militares activos que fungen como asesores de la mesa en La Habana, más allá de posibles renuncias por desacuerdos con los negociadores oficiales.

 

Por eso no despierta confianza, mucho menos optimismo, que se hable de unas zonas de concentración para las Farc que incluyen municipios de donde habían sido expulsadas desde los años 80 por los pobladores; unos territorios donde la narcoguerrilla cumplirá las sanciones restrictivas de libertad pero donde podrán ejercer la plenitud de sus derechos políticos teniendo las armas como mecanismo coercitivo, aunque no las usen abiertamente, simplemente será una réplica a gran escala de lo sucedido en El Conejo, corregimiento de Fonseca en La Guajira.

 

A propósito de ese incidente de proselitismo armado autorizado por Santos, ahora sólo van a resultar culpables el Comandante del Batallón y otros Oficiales y Suboficiales a cargo de la seguridad de esa región; así lo acaba de señalar el Ministro de Defensa al anunciar que no hay evidencia documental que pruebe que se les dio orden de retirarse del territorio, comenzando la perversa tarea de señalar ahora colaboración de los militares con la narcoguerrilla, como en su momento lo hicieron desde ese mismo Ministerio cuando acuñaron la innoble teoría de los “falsos positivos” para deslegitimar las operaciones militares contra los criminales y que hoy tiene privados de la libertad a más de 5.000 soldados y policías sin que se les defina su situación jurídica, sólo hay menos de 800 condenados por supuestos delitos no relacionados con el servicio.

 

Y ahí es donde está el engaño más perverso, a los militares a quienes sólo se les ofrece como alternativa acogerse a la justicia transicional y aceptar responsabilidades penales, aunque no hayan cometido los delitos, para purgar, ellos sí, penas privativas de la libertad en establecimiento carcelario inferiores a las que hoy contempla la justicia ordinaria, penas y prisión que no están contempladas para las Farc. Es el perfeccionamiento de la pérfida tesis de la nefasta Corte Constitucional que presidió Carlos Gaviria Díaz, que contempla a las Fuerzas Militares y de Policía como de organizaciones criminales mientras las narcoguerrillas fueron elevadas al altar de luchadores altruistas que matan para que otros vivan mejor; seguramente, frente a la posibilidad de penas de 30 o 40 años por haber combatido a los terroristas, muchos militares están pensando seriamente en aceptar culpas a cambio de 5 u 8 años de prisión.

 

Mientras tanto, como descaradamente lo afirmó el abogado español Enrique Santiago Romero, los acuerdos contemplan que los miembros de las Farc “sólo confiesen delitos obvios y aburridos” para ser beneficiarios de todas las concesiones judiciales y políticas, y no lo dice un opositor al proceso o un propagandista de la narcoguerrilla, este señor, militante del Partido Comunista español, es uno de los coautores del inefable acuerdo sobre Justicia Transicional de La Habana y por ende conoce bien la naturaleza y alcance de esos acuerdos.

 

Mientras más del 50% de los colombianos tiene que sobrevivir con un pírrico salario mínimo legal ($689.455), o con menos, el gobierno piensa en subvencionar a cada terrorista armado en los territorios de concentración con $1.800.000 más gastos de vivienda, salud, educación, recreación y otros; y no es una mentira de los enemigos de la paz, como dijo Santos, es la cifra base con la que el Departamento Nacional de Planeación y organismos financieros internacionales están calculando el costo del posconflicto, así lo señalaban documentos en la red que fueron retirados por el gobierno para “no crear ruidos en torno al proceso”. ¿Podrán entonces Santos y su coalición política garantizar la “paz” en los 7 o 10 territorios de concentración de las Farc donde la mayoría de los habitantes con campesinos y jornaleros que no se ganan el mínimo, que no tienen seguridad social, mucho menos escuelas o centros hospitalarios acordes a sus necesidades?

 

Juan Manuel Santos juró que en La Habana no se iban a negociar las estructuras o la doctrina de las Fuerzas Militares y de Policía; pero hoy con asombro se escucha a los mismos Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército hablando de cambios en la doctrina militar, disminución del pie de fuerza y eliminación de algunas Unidades Tácticas, como parte del posconflicto. Seguramente será una coincidencia, pero es una sospechosa coincidencia que el tema se aborde cuando aún no se han dado a conocer la totalidad de los acuerdos con la organización narcoterrorista que ha puesto como condición la “dejación de armas” si las FF.MM hacen lo mismo. Eso genera desconfianza con razón y no por el discurso político de quienes cuestionan el proceso.

 

Precisamente por eso el gobierno y la coalición “de la paz” impulsan un engañoso plebiscito en el que sólo se preguntará si se está o no de acuerdo con la paz, con la esperanza de que una minoría de votantes (para eso rebajó el umbral), apruebe el proceso que catapultaría a Santos a un premio nobel, pero sin dar a conocer los acuerdos que se alcancen con las Farc; porque saben que el pueblo colombiano, aún los más rabiosos santistas, no van a aprobar fácilmente la claudicación ante un enemigo criminal que por más de 60 años ha agredido a la sociedad sólo para tomarse el poder político.

 

En esas condiciones, los ciudadanos honestos que en realidad amen la paz y a Colombia saldrán a marchar este 2 de abril para rechazar la claudicación y se comprometen consigo mismos y las futuras generaciones a VOTAR NO el engañoso plebiscito; no es cuestión de polarizaciones entre uribistas y santistas, como afirman algunos ingenuos o perversamente los enmermelados. Es cuestión de HONOR, DIGNIDAD y RESPONSABILIDAD con Colombia.

¿EL PRECIO DE LA GUERRA?

Cínicas sonaron las palabras del presidente Juan Manuel Santos al referirse a la escalada terrorista que ha cobrado la vida de soldados y policías, es el precio de la guerra dijo como rematando tardíamente su afirmación de que estos servidores públicos son “idiotas prestados para la guerra”, como lo señaló en plena campaña reeleccionista.  Ni una palabra para condenar la conducta criminal de las narcoguerrillas, por el contrario, pidió comprensión para estas organizaciones delincuenciales porque se está negociando con ellas reiterando su señalamiento de “enemigos de la paz” a quienes cuestionan el modelo y los alcances del proceso de La Habana.

Minimizar la muerte de 15 soldados y 3 policiales, o las heridas a otros 26, a manos supuestamente del Eln, aunque todo mundo señale como esta organización narcoterrorista actúa conjuntamente con las Farc o son estas directamente las responsables de los atentados y asesinatos, resulta inexplicable en la persona que ostenta el mando supremo de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, de tal manera que sus pretendidas condolencias a las familias de los Héroes caídos y heridos, sonó más a una sangrienta burla, similar a la de los criminales que en La Habana lamentan los crímenes que cometieron pero responsabilizan a las víctimas.

Cambiar el “lenguaje de la guerra”, como lo pregonan los propagandistas del proceso con las Farc y con el Eln, no implica ocultar y tapar los hechos criminales que cometen estas organizaciones narcoterroristas, porque ello es llevar una falsa sensación de seguridad a los ciudadanos o generar confusión en torno a la realidad del Estado actual, que a todas luces renunció a sus obligaciones constitucionales de proteger la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos para alimentar un proyecto político del gobernante y su coalición de gobierno. Pareciere ser que se aplica a como dé lugar la recomendación del obispo de Tunja, Luis Augusto Castro, de no alterar el proceso de “paz” con los actos terroristas, porque al fin y al cabo muertos hay todos los días.

A quienes hicimos parte de las Fuerzas Militares y a quienes hoy son parte de ellas, estas actitudes sólo pueden causar desmoralización e incertidumbre, interfiriendo indudablemente en el cumplimiento de la misión que la Constitución le asigna a la fuerza pública; el presidente Santos ante los medios habla de ofensiva contra los generadores de actos criminales y ordena pomposamente arreciar el combate, pero la realidad es otra y la describen numerosos testimonios de Oficiales, Suboficiales y tropas que dan cuenta de la inmovilización de esas Fuerzas, hoy sólo cumplen operaciones rutinarias de patrullaje de infantería con la directriz de no entrar en choque con las estructuras criminales para no afectar el proceso de La Habana, por eso los delincuentes se pasean por el territorio nacional como Pedro por su casa en sus actividades de narcotráfico, minería ilegal, reclutamiento de menores, extorsión y ataques descarados a soldados y policías como los que sucedieron esta semana que termina en Casanare, Arauca y Santander.

Lo sucedido en Guaduas es bien diciente del estado actual de cosas; allí ha delinquido el frente 22 de las Farc, creado en 1998 por la VII Conferencia de esa narcoguerrilla para reemplazar el frente 11 que tenía base en Yacopí, dentro del plan de cercamiento a Bogotá, su área de influencia comprendía los municipios de La Palma, La Peña, Villeta, Guayabal de Síquima, Guaduas, Caparrapí y Topaipí, al occidente de Cundinamarca. En 2002 el frente 22 le aportaba al mes cerca de 500 millones de pesos, que obtenían producto del secuestro extorsivo, el robo de ganado y dinero, además de actividades relacionadas con el narcotráfico (microtráfico en Bogotá y municipios turísticos).

Nunca en esa región se han registrado operaciones criminales del Eln. En Cundinamarca, hicieron presencia la red urbana Antonio Nariño, y los frentes 42, 55, 54, 53 y Abelardo Romero de las FARC, que delinquen por medio de extorsiones, secuestros y homicidios selectivos. En Tocaima, Girardot, Fusagasugá, Gachetá y Cáqueza, se ha observado la presencia de pequeñas células urbanas que generan intranquilidad y zozobra entre los habitantes de estos municipios. Pero la mayoría de estas estructuras fueron desmanteladas con el desarrollo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática PDSD; en la actualidad se ha denunciado un retorno de esas estructuras e incluso estas regiones se contemplan dentro de las posibles “zonas de concentración” de las Farc.

No debe olvidarse que esa narcoguerrilla antes de la PDSD tenía en Cundinamarca cerca de mil narcoguerrilleros (el equivalente a 2,5 batallones del Ejército): el Frente 42 estaba desde San Juan de Río Seco, Girardot y La Mesa hasta Facatativá, Madrid y Mosquera. Los frentes 25, 52 y 55 se encontraban en Sumapaz; 53 y 54 delinquían en el suroriente del departamento; y en el norte se encontraban las compañías móviles Policarpa Salavarrieta, Vladimir Stivel y Manuel Beltrán. Desde 2012 se ha denunciado que esas estructuras se están reorganizando y rearmando, con más intensidad desde que se puso en marcha el proceso de La Habana. Los habitantes de esos municipios dan cuenta de cómo están llegando terroristas y milicianos de civil que se ubican principalmente en fincas disfrazados de trabajadores agrarios, retomando el control de juntas veredales y otras organizaciones sociales para “impulsar políticamente” los acuerdos de Cuba. El resurgir las milicias urbanas en Bogotá, por ejemplo, se evidencia con la presencia nuevamente de terroristas encapuchados en las universidades públicas, los desfiles de las “caperucitas rojas” como dicen los estudiantes, en las cuales ya se habla incluso de la aparición de células del M-19, desmovilizado en los 90.

El gobierno nacional les atribuyó a bandas criminales -debe recordarse que las autodefensas ilegales operaron hasta 2003 principalmente en Yacopí, Pacho y La Palma, posteriormente trasladaron algunos grupos a Bogotá que se convirtieron en los llamados “ganchos”, actuando en el microtráfico en consenso con las Farc con las que se reparten mercados y ganancias-, los atentados de la semana pasada en las que se derribó parcialmente una torre de transmisión de energía eléctrica con el fin de atraer la fuerza pública y en desarrollo de la respuesta policial se atentó con cilindros-bomba contra una patrulla policial con el resultado de un policial muerto y un Coronel de esa institución herido. El señalamiento es ingenuo y engañoso, este nunca ha sido el modus operandi de las bandas criminales y si es propio de las Farc, tampoco puede atribuírsele al Eln porque no tiene presencia allí. El incremento de denuncias por extorsión y amenazas criminales contras personas e instituciones civiles se ha registrado precisamente en esos municipios, aunque el gobierno sigue negándolo y hasta ha pedido a los medios de comunicación social abstenerse de registrarlos para “no crear zozobra y enturbiar el proceso de paz”.

Aunque oficialmente sólo se registran 36 actos criminales de las Farc durante su falaz tregua 2015-2016, no cabe duda que son muchos más (cerca de 145 denunciados por prensa regional o redes sociales), o a quién quieren convencer de que el Eln de la noche a la mañana copó los territorios de las Farc, o que las toneladas de coca y marihuana provenientes de Putumayo, Nariño y la bota caucana o los nexos de criminalidad transnacional con mafias mexicanas, hondureñas, guatemaltecas y nicaragüenses,  no son de propiedad de los frentes 6, 8, 29, 30, 57 y 60, sino que pasaron a manos de las bandas criminales y del Eln y los farucos se resignaron a perderlos en nombre de la paz.

Resulta entonces sumamente ofensivo para la dignidad nacional y en especial de las Fuerzas Militares y de Policía, que el presidente de la república diga que ese es el precio de la guerra cuando teóricamente se está negociando la paz, demostrando absoluto desprecio por la vida de los colombianos honestos y trabajadores. Podríamos, sin temor a equivocarnos, decir que el caos y la anarquía institucional, así como la sensación real de inseguridad que se acrecienta día a día son el humillante precio de esa paz en la que nos anuncian a los colombianos sólo podremos tragar sapos envenenados.

OBEDIENCIA DEBIDA O ILEGÍTIMA SUMISIÓN POLÍTICA

Frente al papel asumido por los altos mandos militares y de policía en el proceso de La Habana, la inquietud legítima de muchos ciudadanos es si corresponde a la obediencia debida a la autoridad civil o a una sumisión política que implica el cumplimiento de órdenes abiertamente inconstitucionales e ilegítimas como la del despeje de territorios para que las Farc puedan realizar proselitismo armado en el cuestionable modelo de pedagogía para la paz.

La doctrina de la Corte Constitucional, desde un principio, ha considerado indispensable que dentro de las fuerzas militares reine un criterio de estricta jerarquía y disciplina, pero ha rechazado como inconstitucional la concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense. El principio no absoluto de obediencia debida que prohíja la Corte, no solamente corresponde a la noción aceptada por la conciencia jurídica universal como fruto de la evolución histórica y filosófica de tal concepto, sino que también coincide con el alcance que la doctrina del derecho penal le concede (Corte Constitucional, Sentencia C-578/95).

En ese orden de ideas, por ejemplo, no se tiene como excluyente de responsabilidad penal el acatamiento de órdenes ilegales que supuestamente se hubieren proferido para mostrar resultados en las operaciones militares contra las organizaciones armadas ilegales; el llamado “body count” como indicador de éxitos fue rechazado por la misma institución castrense y por la sociedad colombiana atendiendo los nuevos contextos del derecho internacional humanitario. En el desarrollo de las operaciones militares se prioriza el acatamiento y respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, aun cuando estos se encuentren por fuera de la ley y constituyan una amenaza potencial para el orden público o la convivencia pacífica.

Es así como en las últimas décadas y atendiendo ese mandato del DIH, los mandos militares hicieron conocer de los gobiernos sus observaciones y reparos a decisiones políticas que significaban aumentar o poner en riesgo a los ciudadanos; tales manifestaciones fueron perversamente calificadas como “ruido de sables” por la clase política y los medios de comunicación con los resultados conocidos: la salida de los Generales y la institucionalización de la criminalidad, como ocurrió por ejemplo con el despeje de Cartagena del Chairá en épocas de Ernesto Samper Pizano con la excusa de un intercambio humanitario de soldados secuestrados por terroristas condenados; la no aceptación de las observaciones del mando militar trajo como consecuencia que las Farc adoptaran el secuestro masivo de militares y policías para obtener concesiones estratégicas en los gobiernos de Samper y posteriormente de Andrés Pastrana; hoy hay por lo menos 196 soldados y policías secuestrados-desaparecidos por esa narcoguerrilla y cuya suerte parece no importarle al actual gobierno y a la misma sociedad (son 2.700 colombianos que están en esa situación y sus familias no tienen esperanzas de verdad, justicia y reparación en el modelo de justicia creado para las Farc).

No hay que recordar las recomendaciones y observaciones hechas desde el mando militar sobre las contradicciones y riesgos del despeje en épocas de Andrés Pastrana, que por no ser atendidas se materializaron en un incremento de las acciones criminales de las Farc y la utilización del Caguán como santuario para eludir la acción militar y judicial.

Hoy Santos ha instrumentalizado las Fuerzas Militares y de Policía para que apoyen sumisamente su proyecto claudicacionista, incluso utilizando el prestigio de Generales y Almirantes utilizados como peones del juego para tratar de demostrar una inexistente voluntad de desarme y reintegración a la civilidad de los terroristas; lo sucedido en El Conejo y otros municipios así lo demuestra, se atendió una orden ilegítima de despeje poniendo en grave riesgo la población civil constreñida por estructuras criminales armadas a atender su discurso político.

El silencio del alto mando militar ante absurdas órdenes como la del despeje de El Conejo es indicativo de esa instrumentalización de las Fuerzas Militares para un proyecto político particular que no representa a toda la nación; por primera vez en la historia las páginas institucionales de las FF.MM señalan que están constituidas para guardar lealtad no a la constitución y la ley, sino al mandatario temporal que rige los destinos políticos de la patria; todo ello al mejor estilo del bolivarianismo o socialismo del siglo XXI.

¿Cómo se explica que el General (r) Jorge Enrique Mora sea retirado de la mesa de negociaciones en La Habana dizque para realizar tareas de pedagogía al interior de las FF.MM., precisamente cuando se están abordando los temas de desmovilización y entrega de armas por parte del grupo criminal?  Con razón los asesores militares renunciaron a ese deshonor.

Lo que se observa en el alto mando militar es una sumisión a un proyecto político en procura de satisfacer intereses propios y en desmedro de la institucionalidad, algo que es distinto a la obediencia debida que demanda la sujeción de la institucionalidad castrense al poder civil. Cómo hace de falta hoy el “ruido de sables”, especialmente cuando se presentan situaciones como las de El Conejo que son apenas un anticipo de lo que sucederá con las zonas de concentración de las narcoguerrillas y en un hipotético posconflicto con las zonas de reserva que queden bajo su control. Faltan Generales a los que les duela Colombia.

NO ES UN SIMPLE ERROR DE LAS FARC, ES UNA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO

farc18Lo sucedido en el corregimiento El Conejo, del municipio Fonseca en La Guajira, no es un error o una “embarrada” de las Farc; hay una clara violación del ordenamiento constitucional por parte del presidente que había avalado la presencia de los cabecillas narcoterroristas a un acto de “pedagogía de la paz”, organizado previamente por partidos, movimientos y ONG de izquierda, al que llegaron más de un centenar de terroristas armados hasta los dientes previo despeje, por orden presidencial, de la región de las Fuerzas Militares y de Policía.

El art. 213 de la Constitución Política de 1991 fija en cabeza del presidente de la república la función-deber de conservar el orden público en todo el territorio nacional, incluso cuando existan razones de amenaza inminente contra el orden institucional; es un hecho que las Farc son una organización criminal al margen de la ley, aunque estén suspendidas las órdenes de captura contra sus cabecillas, y es deber ineludible del presidente garantizar la seguridad de los ciudadanos ante la presencia de una organización hostil al ordenamiento constitucional y legal; cuando el presidente le ordena a la Fuerza Pública despejar un territorio para permitir el proselitismo político de los narcoterroristas está renunciando a esa posición de garante del orden público.

Los terroristas armados no sólo se tomaron el corregimiento, donde nunca ha existido un campamento terrorista al que pudieren ir los cabecillas a socializar el proceso de La Habana, no sólo intimidaron a la población civil, sino que se tomaron y utilizaron infraestructuras civiles especialmente protegidas por el derecho internacional como es la escuela; durante unas horas los criminales ejercieron funciones de autoridad política y militar en ese territorio con el beneplácito del gobierno nacional.

Es cierto que no se disparó un tiro, no se afectó la vida, la integridad o los bienes de los ciudadanos, pero se les puso en un riesgo inminente e injustificado; hoy no son válidas las demostraciones de fuerza retórica del presidente o los negociadores gubernamentales intentando mostrar el hecho como un error de las Farc que abusaron de la confianza y las liberalidades otorgadas para hacer proselitismo del proceso en los campamentos de sus estructuras criminales. El castigo escuelero de suspenderles las visitas a sus campamentos resulta finalmente una burla a todos los colombianos y a la comunidad internacional.

Hay que recordar que el Decreto 1811/92, vigente, contempla la suspensión y hasta la destitución de alcaldes o gobernadores que se reúnan o acepten presiones de organizaciones armadas ilegales, lo sucedido en El Conejo, aunque se quiera mostrar como un engaño de las Farc, es una concesión del gobierno nacional al proselitismo armado por parte de esa organización narcoterrorista que contraría todo lo previamente anunciado por Juan Manuel Santos para pedir el apoyo a su pretendido plebiscito aprobatorio del proceso de La Habana.

No es creíble el ultimátum del presidente, como reacción a los hechos de Fonseca, sobre la inexorabilidad de unos plazos para “firmar” los acuerdos el 23 de marzo, conforme al consenso que alcanzara con Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, cuando ya el mismo presidente había señalado públicamente que esa fecha no era una camisa de fuerza, concordando con el terrorista en que incluso podía ser de hasta 6 meses más. Queda como una rabieta el discurso de hoy sobre el vencimiento inexorable del término para negociar, cuando fue el mismo gobierno el que propició lo sucedido en El Conejo, que también se ha dado en San Vicente del Caguán, en jurisdicción de Tumaco y en otras poblaciones: proselitismo armado de las Farc sobre el proceso de La Habana.

No puede pasarse por alto el lamentable ridículo al que fue expuesta la Fuerza Pública, si bien hubo una orden presidencial para despejar el territorio, queda la dolorosa sensación de ineficiencia e ineficacia de la institución castrense y policial en materia de inteligencia de combate. ¿Cómo no se previó la concentración de cerca de 200 terroristas armados en una zona donde no operan frentes o estructuras criminales de las Farc u otra organización armada ilegal? Más alarmante aún es que si los terroristas provenían de sus campamentos en Manchique, Venezuela, hayan podido copar una zona geográfica con tanta facilidad, ¿qué tal que hubiese sido una fuerza hostil extranjera dotada de más recursos de movilidad?

El comandante del Batallón Rondón confirmó que recibieron orden de despejar la zona, lo que indica ciertamente que la presidencia si sabía qué iba a ocurrir allí, sabía previamente por los permisos otorgados que las fuerzas políticas de izquierda iban a utilizar el corregimiento para la llegada de los cabecillas desde La Habana y para repartir propaganda a favor de una constituyente como mecanismo de aprobación de los acuerdos para el cese del conflicto, que el acto político sería también una demostración de fuerza militar por parte de las Farc.

El silencio del General (r) Mora y de los altos mandos militares frente a los hechos de El Conejo y otras poblaciones es alarmante síntoma de sumisión del estamento castrense a una política de claudicación que se está imponiendo con palmaria violación de la Constitución y la ley a las que las Fuerzas Militares deben toda su obediencia y lealtad, no a un mandatario transitorio que solo busca su gloria personal. Los ciudadanos entonces no tenemos ninguna garantía y ayer así lo demostraron las Farc. Habrá que ser muy inconsciente para votar si al plebiscito con el que se quiere legitimar esta entrega de la patria al narcoterrorismo.

MANUEL CEPEDA LA MENTE CRIMINAL DETRÁS DE LAS FARC

Como es costumbre, en Colombia los delincuentes terminaron convertidos en víctimas y las víctimas en objeto de burla. El ex senador del Partido Comunista no era el inocente defensor de DD. HH cuya imagen ha vendido la izquierda, las Farc y sus aliados en el establecimiento. No es en vano que las Farc han bautizado con su nombre el sanguinario frente 42, parte del llamado Bloque Oriental, que operó inicialmente en Cundinamarca (operaba desde San Juan de Río Seco, Girardot y La Mesa hasta Facatativá, Madrid y Mosquera), fue prácticamente desmantelado por el Ejército Nacional durante la Operación Libertad Uno, trasladándose al norte del Valle donde se fusionó con la columna urbana Manuel Cepeda Vargas que ya delinquía en ese departamento.

Adelantó también tareas de secuestro, extorsión y narcotráfico en el departamento del Meta como zona de injerencia tenía la Inspección de Jardín de Peñas, jurisdicción del municipio de la Uribe y Mesetas, región selvática y montañosa, siendo uno de los mayores abastecedores de finanzas, producto de sus actividades ilícitas y con lo cual se proveen de material de guerra, intendencia y equipo logístico a las principales estructuras del Bloque Oriental. Recuérdese que, durante el desmantelamiento de esta estructura criminal al mando de Bernardo Mosquera Machado, alias “Negro Antonio”, fueron capturados dirigentes sindicales de Fensuagro muy cercanos a Iván Cepeda Castro, hijo de Manuel Cepeda Vargas. Tales nexos entonces fueron convenientemente ignorados por la Fiscalía, como ha ocurrido con posterioridad a pesar de las abundantes pruebas que han sido desechadas recurriendo a tecnicismos leguleyos.

Manuel Cepeda Vargas fue junto con Gilberto Vieira los mensajeros de Moscú que trajeron la orden de implementar la tesis de la combinación de las formas de lucha y convertir las “autodefensas campesinas” en una fuerza guerrillera para la toma del poder político y la instauración del socialismo; desde 1964 y luego de la derrota en Marquetalia, esas autodefensas pasaron a llamarse Farc; desde el Comité Central del Partido Comunista y su semanario Voz, Cepeda Vargas fue un permanente ideólogo y apologista de la organización criminal, como lo prueban las abundantes columnas y escritos que defienden la vigencia de la lucha armada como expresión superior del movimiento revolucionario; además de las tareas ideológicas, fue el precursor de la diplomacia paralela de las Farc, especialmente en Europa, estableciendo contactos con organizaciones socialistas y “progresistas” en los países bajos, Suecia, Noruega, donde se formaron “centros de estudios” que en realidad eran organizaciones de conseguir financiación y contactos políticos para la narcoguerrilla.

Esa tarea sería posteriormente y por largo tiempo asumida por su hijo Iván en su autoexilio y hay numerosos testimonios que dan cuenta de los festivales, encuentros “culturales” y otros, donde se difundía propaganda de las Farc, se vendían discos con música alusiva a esa organización criminal y otros suvenires; estas organizaciones serían disueltas en Europa a partir de la entrada de las Farc en la lista mundial de organizaciones terroristas.

El 9 de agosto de 1994 fue abatido en Bogotá dentro de la guerra mafiosa que las Farc y el narcotraficante Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, por el robo de un alijo de coca en el departamento del Meta; convertido en mito por el Partido Comunista y sectores del partido liberal que junto a la izquierda hicieron referencia a un inexistente “Plan Golpe de Gracia” que supuestamente tenían los “paramilitares” para asesinar a los miembros del partido político Unión Patriótica UP, creado por las Farc con el auspicio del gobierno nacional en uno de los tantos fallidos intentos de diálogos con esa organización narcoterrorista. Tan fantásticas eran las teorías de la conspiración contra la UP que en el argot popular pronto cobró fama como la “jurasic paranoia” por alusión a los “dinosaurios de la izquierda”.

A partir de esos hechos, los comunistas en cabeza de Iván Cepeda, planearon y desarrollaron una guerra jurídico-política contra el estado colombiano, inventaron un aparato político llamado Movice, junto con grupos de abogados de izquierda como el llamado Colectivo Alvear, para reivindicar a los terroristas, milicianos, apologistas y auxiliadores de las Farc caídos como producto de la violencia que ellos mismos inventaron, presentándolos como luchadores sociales o defensores de DD.HH  y con el concurso de militantes o simpatizantes enquistados en el poder judicial buscaron la deslegitimación del Estado, inventando víctimas como quedó demostrado en el caso Mapiripán y logrando injustas condenas como la proferida contra el señor General Jaime Uscátegui, violando toda norma del debido proceso y el derecho a la defensa a los militares.

Por la muerte de Manuel Cepeda su hijo Iván ha recibido dos jugosas indemnizaciones tasadas en dólares, tanto de la CIDH como de la justicia colombiana, pero Iván Cepeda aún aspira a que estas sean mayores y por ello agita con tanto ahínco la supuesta condición de víctima del ideólogo de la narcoguerrilla. Hoy el Movice y el Colectivo Alvear son los únicos “voceros de las víctimas” reconocidos por el gobierno en el proceso de La Habana pues de allí han sido excluidas totalmente las víctimas de las Farc, por no ser “políticamente correctas” para la paz.

Triste futuro tiene una sociedad que pasivamente acepta que los criminales sean erigidos en víctimas mientras las verdaderas víctimas de los narcoterroristas son condenadas a ser invisibilizadas y silenciadas porque no corresponden a las aspiraciones políticas del presidente de turno y de sus victimarios.

 

 

RUPTURA INSTITUCIONAL

Como colombiano me duele profundamente la crisis institucional que vive la Policía Nacional, fruto de la politización e instrumentalización del mando que se viene dando hace un tiempo y que llega a su clímax con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de la república, fenómeno perverso que se extiende a las Fuerzas Militares y todos los organismos de seguridad. Como que los antecedentes individuales de los mandos, no necesariamente delictuales o disciplinarios, han servido para neutralizar cualquier oposición dentro de las instituciones castrenses y policiales al proyecto claudicacionista.

No han dudado en sacrificar incluso peones de sus propias filas políticas para satisfacer sus protervas intenciones; así se evidencia hoy con la “denuncia” que hace Vicky Dávila que compromete al ex senador y ahora ex viceministro Carlos Ferro, se hace público un vídeo en el que se escucha una conversación de contenido sexual con un Oficial de la Policía, pero no demuestra la existencia de conductas dolosas contra la libertad y el pudor sexual de los implicados, mucho menos ofrecimiento de pago o favores a cambio de sexo para alguno de ellos o un tercero, lo que constituiría el delito de proxenetismo o inducción a la prostitución. Son dos hombres maduros que libremente hablan de una mutua atracción que sienten desde hace algún tiempo, lo que hace parte de la intimidad; su divulgación con quién sabe qué objetivos, indudablemente viola derechos fundamentales de esas personas.

No creo en la capacidad investigativa de Vicky Dávila, cuyos méritos han sido pegarse como rémora al poder político del momento y mediante zalemas obtener información privilegiada o interesada para figurar mediáticamente; detrás de este escándalo hay intereses oscuros de poder, de aseguramiento del poder mediante lealtades incondicionales de quienes sobrevivan a la presión que supuestamente están ejerciendo antiguos directores de la Policía hoy en trance político para acomodarse al pretendido período posconflicto, ser el “Ministro de Seguridad” en ese período de transición en el que deben reformarse las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para dar cabida a los narcoterroristas desmovilizados que recibirán como premio poder político e institucional.

No es coincidencia la misteriosa salida del señor General Luis Gilberto Ramírez Calle, quien por antigüedad debería ser el director de la Policía, y ahora la eliminación del señor General Luis Eduardo Martínez acudiendo al infame procedimiento de resucitar un informe de la DEA que no lo comprometía a él más allá de unas declaraciones de criminales que lo señalaban de apoyar grupos de autodefensas ilegales sin aportar ninguna prueba de ello. Si el mecanismo utilizado para llamar a calificar servicios al General Martínez fuera válido, entonces todos los Oficiales, Suboficiales, Soldados y Policías de la patria deberían ser destituidos porque los narcoterroristas y sus voceros políticos siempre han hecho esos señalamientos para deslegitimar las victorias por las armas de las fuerzas legítimas contra las organizaciones criminales.

Resulta bien curioso que el ascenso del General Martínez en el Congreso fue detenido por un personaje caracterizado por su permanente vocería de las organizaciones narcoterroristas, este domingo estuvo involucrado en la grosera provocación a los pobladores del Carmen de Chucurí, y que posteriormente fueran las mismas Farc las que exigieran su salida en La Habana, petición atendida ahora con el llamado a calificar servicios al valioso Oficial.

Sin duda la posición del General Palomino ya no tiene sustento y lo mejor que podría hacer por él mismo y por la institución es dar un paso al costado; los hechos por los que es denunciado son variados, pero sin duda el cuento de la “Comunidad del anillo” es el que mediáticamente más daño ha causado a la Policía, sobre todo porque la denuncia proviene de un Oficial Superior de la institución; los hechos son tozudos, la insistencia en mantenerlo en el cargo más allá del tiempo normal de servicio porque políticamente era leal al presidente es prueba de esa instrumentalización politiquera que se ha dado en la institución.

Desafortunadamente hechos delictuosos, de corrupción e inmoralidad, de malos policías han empañado en estos días la imagen de toda la institución porque pareciere haber un interés perverso en utilizar esos casos para tapar otros escándalos; los policiales involucrados en inconductas no son ni siquiera el 1% del universo de hombres y mujeres que todos los días sirven a la patria y a la sociedad de manera honesta y sacrificada, pero esas situaciones de una minoría afectan directa o indirectamente a toda la Policía porque asesinan la moral de los buenos servidores y matan la confianza de los ciudadanos en su institución.

Hoy hay que hacer un llamado a todos los policiales de todos los órdenes y jerarquías a constituirse en infranqueable barrera contra la ruptura institucional en provecho de algunos grupos del poder político; que los señores Coroneles, Tenientes Coroneles y Mayores no se involucren en el perverso juego de quienes ya cumplieron su ciclo en la institución y hoy quieren utilizarla de trampolín para satisfacer intereses políticos en el fementido posconflicto que está muy lejos de llegar a Colombia; la desaparición de las siglas Farc del escenario criminal no indica el fin de la actividad narcoterrorista y delincuencial que afecta a la sociedad que es a la que el Policía se debe.

NI VÁNDALOS, NI AGITADORES PREPAGOS, SON CIUDADANOS INDIGNADOS

Acudiendo a la soberbia que le es característica, el alcalde Peñalosa desestima las razones de los ciudadanos que hoy protestaron contra el pésimo servicio de Transmilenio en el suroccidente de Bogotá -Estaciones Banderas y Tintal-, una protesta que comenzó a las 07:00 horas por la falta de buses y la congestión inhumana en los módulos. Una protesta pacífica que fue convertida en batalla campal por la falta de respuesta de la administración distrital y, las imágenes de City TV y Canal ET no mienten, el uso arbitrario de la fuerza para impedir que los ciudadanos se expresaran.

Hubo lanzamiento de piedras como respuesta al lanzamiento de gases, bombas aturdidoras, chorros de agua y la repartición indiscriminada de bastonazos, no contra los presuntos agitadores, sino contra las personas que esperaban el transporte y que ante la reacción policial buscaban como guarecerse; los ciudadanos fueron acorralados y selectivamente iban sacando a la fuerza a quienes querían para trasladarlos a un camión y supuestamente judicializarlos por vandalismo. Que las autoridades judiciales vean esas imágenes -sin editar-, de los noticieros para que entiendan la realidad fáctica que se presentó.

Tal vez para usted y sus igualmente soberbios funcionarios el tiempo no sea un problema, pero para el ciudadano de a pie es un retardo laboral que puede costarle incluso el puesto de trabajo, es perder clases o citas médicas, algo que nuestra clase política no padece por sus incontables privilegios. Esta mañana, en la Estación Tintal, la ruta B-28 llevaba más de 45 minutos sin pasar y el desespero fue in crescendo, ningún funcionario de TM daba respuestas, por el contrario, hacían gala de ese desprecio, que el cargo les impone como su chaleco, que sienten por el usuario y que se expresa en la burlona displicencia de sus comentarios ante los requerimientos de las gentes.

Ustedes no saben lo que esos 45 minutos y a veces más tiempo de espera significa en un tumulto la sensación de pérdida del espacio, del aire, de la individualidad y la dignidad; mucho menos conocen de la lucha por subirse a un articulado que ya llega atestado y la impotencia de sentirse como un corcho a la deriva en un remolino de gentes. Eso no les importa, es más fácil de calificarlos como saboteadores políticos que protestan por protestar para no dejar ir a los demás a trabajar.

Y no venga con el cuento del espejo retrovisor; si la administración anterior estaba dejando languidecer al sistema, usted como padre putativo del mismo no puede venir a decir que hasta ahora comienza a hacer estudios para planear soluciones; los ciudadanos no tienen ya el tiempo, ni la paciencia para más esperas. Los saboteadores profesionales son los funcionarios que se ríen frente al drama humano, no resuelven los problemas y se muestran soberbios frente al reclamo.

Como no va a ser indignante que sube la tarifa y el servicio continúa desmejorando; mientras usted muestra rabia contra el automóvil particular quitándole vías, nada ha hecho para aumentar las frecuencias y rutas o como dicen los expertos, ni siquiera hay un proyecto real para mejorar la movilidad o instaurar la cultura ciudadana, que al parecer solo comprenden como aceptación sumisa de la injusticia.

Cómo no indignarse ante una situación donde el reclamo del ciudadano es calificado como conducta delictiva y se le responde con golpes y abusos, mientras los operadores privados del TM ríen a mandíbula batiente contando como: “Seguimos con la flota de siempre (los buses tienen casi un millón de kilómetros recorridos), incurrimos en los mismos costos, pero nos garantizaron unos ingresos adicionales. Eso fue una gran ganancia para nosotros” (El Tiempo, Julio 4 de 2014); esa situación todavía se prolonga hoy y usted no puede descargar culpas sobre las administraciones anteriores porque usted fue el que diseñó el injusto sistema que permite que sea normal la anormalidad en la prestación del servicio: “Por eso es que vivimos el caos en las horas pico, porque a los operadores no les conviene sacar toda la flota en las horas más congestionadas, sino en las horas valle, que es cuando se desgastan menos los vehículos e igual les pagan es por kilómetro” (El Espectador, Sept. 4 de 2014).

Usted insulta la dignidad de los bogotanos cuando nos reta a aceptar sumisos un sistema ineficiente e ineficaz para la ciudad o a “elegir a otros”, traslada su propia negligencia a quienes fueron sus electores y a quienes votamos por otras opciones distintas a la izquierda que precisamente pagó su costo político; pero la inequidad e inhumanidad del TM viene desde su mismo origen. Tienen más dignidad la reses que viajan en un camión al matadero que los ciudadanos que debemos utilizar el TM.

 

 

VERGÜENZA MUNDIAL

Mientras el presidente Juan Manuel Santos pasea con una comitiva de más de 250 personas haciendo propaganda a las Farc, en La Guajira y Arauca siguen muriéndose los niños de hambre y el presupuesto para alimentación de los escolares es reducido en $114 mil millones de pesos aduciendo la crisis fiscal, según el Ministerio de Educación. A diciembre de 2014, única cifra entregada por el gobierno, el proceso de La Habana había costado $26 mil millones de pesos; con el argumento de que “nunca la paz ha sido gratis”, se ha generado un verdadero carrusel de contratistas de la paz con salarios mensuales que superan los 12 millones de pesos. El escándalo, destapado por el investigador Andrés Arcos, demostraría que gran parte del apoyo que el gobierno central ha desplazado a su agenda se debe a millonarios contratos con comunicadores y profesionales con salarios que superan los 14 millones de pesos mensuales (Elnodo.co 9 de enero de 2016)

En los reportes, la mayoría de los contratistas ganarían por día laboral más de 500.000 pesos por ofrecer charlas de “Pedagogía de Paz” y serían pagados por presidencia de la República. Algunos de los contratistas han sido en el pasado cercanos colaboradores o asesores de los actuales ministros de Presidencia de la República, y muchos de ellos ni siquiera tienen investigaciones o publicaciones indexadas sobre los temas de referencia. (Elnodo.co. Et.al.), como es el caso ejemplo de la tristemente recordada Natalia Springer y un contrato por $4 mil millones de pesos con la Fiscalía para supuestamente diseñar un nuevo contexto de justicia de cara al posconflicto, algo en lo que ella, ni su empresa, pueden acreditar experiencia o conocimiento alguno.

A través del Fondo de Programas Especiales la Presidencia ha destinado en 2015 la estrambótica suma de $45.138’722.688 pesos en contratos entregados a los amigos del gobierno y el proceso de La Habana, incluyendo medios de comunicación convertidos en oficinas de prensa del gobierno, mientras reduce drásticamente el presupuesto de salud y alimentación para los niños de la población más vulnerable invocando la “austeridad inteligente”. ¿Vale sacrificar la vida de un niño para lavar la imagen de los narcoterroristas y conseguir el nobel para Santos?

¿Qué hace la flamante directora del ICBF de turismo por los EE. UU mientras los pueblos indígenas de La Guajira y Arauca padecen una verdadera crisis humanitaria? La muerte de uno solo de esos niños por hambre habría sido motivo para la renuncia inmediata de esta funcionaria, que sólo se ha dedicado a hacer politiquería barata desde el Instituto y a posar mediáticamente cuando hay una noticia, para luego abandonar a los necesitados como ocurrió en Cúcuta con los colombianos expulsados de Venezuela.

El gobierno Santos ha permanecido indiferente ante la crisis del pueblo Wayuu de La Guajira; Las cifras han conmovido al país: más de 37 mil niños indígenas sufren de desnutrición en esa zona (departamento desértico de La Guajira) y al menos 5 mil han muerto de inanición, aunque autoridades tradicionales Wayuu, como Armando Valbuena, sostiene que el número de pequeños muertos de hambre se acerca, en realidad, a los 14 mil y la mortandad no se detiene. Mientras Santos habla de vías 4G, la mayor parte de los niños que mueren no alcanzan a llegar a los poquísimos centros de salud para ser atendidos por personal paramédico porque no hay profesionales de la salud, debido a que deben caminar enormes distancias por el desierto por carecer de mejores medios de transporte. Lo anterior, pese a que durante los últimos 20 años ha recibido más de mil millones de dólares en regalías por la extracción de sus recursos naturales (carbón y gas), además del dinero que le corresponde cada año del presupuesto nacional. La mayor parte de ese dinero es robado por la corrupción que domina las administraciones públicas locales, como se demostró en el caso de un gran amigo y elector de Santos, el hoy procesado Kiko Gómez.

De ahí que resulte más indignante la justificación del masivo paseo del gobierno Santos a Washington que da orondamente el Ministro de Defensa Villegas: El nuevo Plan Colombia buscará recursos para garantizarle la seguridad a las Farc (El Tiempo, enero 30 de 2016); ningún funcionario, ni siquiera el mismo presidente, han hablado de las comunidades cuyos niños hoy mueren de hambre.